Hace unas semanas leí una noticia del grupo municipal de Unid@s se Puede (1) sobre el Consejo Municipal Escolar de La Laguna, actualmente inoperativo. Un espacio que podría servir para mejorar la participación de la comunidad educativa del municipio, ampliar las vías de diálogo y tal vez así contribuir a una mejor calidad educativa en La Laguna.
Ciertamente es un organismo con mucho potencial, que podría cruzar la participación de la comunidad educativa con la actividad de la administración pública más cercana a la ciudadanía, la municipal.
Casi a la par conocí estas noticias de Madrid, una sobre un estudio que correlaciona las notas medias de los centros en la PAU con la renta media de los barrios donde se asientan los centros (2). La otra mostraba una propuesta de gestión de recursos públicos basada en el conocimiento de determinados parámetros sociales para hacer dicha gestión menos arbitraria y más enfocada a reducir las desigualdades entre barrios (3).
Muchas veces las soluciones a los problemas no pueden darse desde lo local (o no únicamente), pero eso no quita que un organismo como el Consejo Municipal Escolar pueda realizar pequeños estudios que traten de comprender con más exactitud cómo funcionan las dinámicas escuela-sociedad. Saber qué está y qué no está al alcance es el primer paso para empezar a resultar útil.
A modo de ejemplo muestro un modesto análisis (incompleto y mejorable) que he realizado con los datos de nota media en la PAU por centro en La Laguna en la convocatoria de junio de de 2017 de la ULL (4). Me parece que un Consejo Municipal Escolar podría promover reflexiones de mucho más alcance que este intento de aficionado.
En primer lugar clasifiqué los centros según el distrito municipal al que pertenecen y en función de si son de titularidad pública o privada (5).
A continuación hice la media aritmética por distritos y tipo de centros, obteniendo los siguientes resultados:
Si sólo tenemos en cuenta la titularidad del centro, encontramos que la media de los centros privados fue 0,47 puntos superior que la de los centros públicos.
Hablamos de centros que tienen las etapas obligatorias (Primaria y ESO) concertadas, es decir, sostenidas con fondos públicos.
El coste de la etapa del bachillerato suele ser superior a los 300 euros mensuales, cifras prohibitivas para la mayoría de la ciudadanía lagunera. El alumnado proviene de núcleos poblacionales distintos de aquellos donde se afincan los propios centros, incluso de otros municipios. Esto me hace suponer que la composición social del alumnado poco tiene que ver con la del entorno próximo (por ejemplo, el CPEIPS Cisneros Alter en Valle Tabares).
Los estudiantes de bachillerato de estos centros suelen provenir de sus etapas anteriores concertadas, caracterizadas por la ausencia de gran parte del estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo, con necesidades económicas o alumnado inmigrante con necesidad de apoyo idiomático. La concertada filtra el alumnado y eso es lo que vende en la sombra (no olvidemos que la totalidad de los concertados cobran una cuota ilegal mensual de no menos de 50 euros a pesar de ser completamente mantenida por la Consejería de Educación).
Si bien no me pareció adecuado vincular la privada con el territorio, sí lo haré en lo que respecta a los centros de titularidad pública, ya que sus criterios de admisión pivotan en torno al domicilio de residencia del estudiante.
Las notas medias más altas las tienen los centros del distrito 5 y el distrito 1 (7,36 y 6,78 respectivamente), por encima del distrito 2 (6,22) y los distritos 3 y 4 (6,04 y 6,06 respectivamente).
En estos dos últimos distritos encontramos los centros de Los Baldíos, San Matías y Los Majuelos, y en el distrito 2 los de La Cuesta. Todos estos centros tienen una diferencia de nota respecto a los centros de los distritos 1 y 5 mayor (¡de hasta 1,32 puntos!) que la que existe entre los centros privados y los públicos. Me resulta perturbador que la brecha entre públicos de distintos distritos sea mayor que la existente entre públicos y privados.
Si bien a día de hoy la administración pública tiene poco margen de actuación sobre los centros con modalidades totalmente privadas (que no con los concertados, donde puede activar políticas de redistribución de la diversidad y cumplimiento de la legalidad vigente), sobre los centros de titularidad pública tiene toda las competencias, repartidas ya sea en el ámbito local o autonómico.
¿Cómo debemos repartir los recursos públicos en educación, por ejemplo? ¿Repartirlos equitativamente o premiando la excelencia estilo ranking? En el primer caso se daría a todos por igual. En el segundo en función de los resultados académicos. Creo que ninguna de las dos opciones es la justa, por lo menos en un contexto social como el actual.
Porque en la actualidad, estudios internacionales como el informe PISA o el PIRLS (Progress in international reading literacy study) señalan que el nivel de estudios de los padres, sus ocupaciones, el número de libros y el de recursos en casa influyen significativamente en los resultados de las distintas competencias educativas. Concretamente, el informe PIRLS señala que hasta un 39% de la puntuación del alumnado en competencia lectora se debe al estatus socioeconómico y cultural de su familia (6).
Volviendo a la pregunta de hace dos párrafos, no resulta razonable dar por igual a centros (o distritos) con distintos indicadores socioeconómicos y culturales; sería una forma de perpetuar la desigualdad. Y en cuanto a la política de rankings, podríamos estar premiando a centros no por sus metodologías, organización, etc., sino porque simplemente escolarizan a los hijos de familias más favorecidas.
Son muchos interrogantes, pero seguramente encontraríamos algo de orientación si organismos como el Consejo Municipal Escolar recopilara más datos sobre otros indicadores sociales como la renta media, los estudios de padres y madres, indicadores de desigualdad, exclusión social, etc., y así saber si existen correlaciones con las estadisticas educativas (tasa de idoneidad, fracaso escolar, resultados de las pruebas de evaluación externa, escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, etc.).
Si dispusieramos de tal cantidad de información, podríamos realizar políticas más basadas en las evidencias y menos en el voluntarismo (en el mejor de los casos) o electoralismo (en el peor de los casos). Como por ejemplo celebrar la Feria del Libro en San Matías...
En definitiva, políticas de equidad, donde demos más al que más lo necesite y premiemos la excelencia educativa en lugar de la excelencia del código postal.
Fuentes:
- https://www.laopinion.es/la-laguna/2018/08/13/unids-exige-activacion-consejo-municipal/901756.html
- https://www.eldiario.es/sociedad/geografia-PAU-barrios-Madrid-mejores_0_796520787.html
- https://elpais.com/elpais/2018/01/31/ciencia/1517399361_207948.html?rel=mas
- https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6542/Ebau_jun_2017_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- http://maps.urbanismolaguna.org/visor/municipio.html
- https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/sistema-estatal-indicadores/SEIE_2018.pdf
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