Razones para la Huelga General Educativa del 9M

A la memoria de Alejandra Soler, maestra valenciana que defendió la educación pública frente a Primo de Rivera, Franco y Wert.

Antonio Chamorro y Adriana Ramos,

docentes interinos.

Si nos dieran un euro cada vez que oímos eso de “las huelgas no sirven para nada” o “quieres arreglar en la calle lo que no conseguiste en las urnas”, tendríamos para becar los libros de texto de medio barrio. Podríamos rebatir con documentación histórica la primera afirmación, pero nos desviaríamos del tema que nos hemos propuesto desarrollar en este artículo. La segunda, sin embargo, sí merece una reflexión.

La nueva aritmética parlamentaria, surgida en 2016 fruto del mandato popular, ha aprobado hasta en dos ocasiones (Proposición no de Ley del 4 de octubre de 2016 y Proposición de Ley del 15 de noviembre de 2016) la paralización del decreto de las reválidas, el calendario de implantación de la LOMCE y la sustitución de ésta por una nueva Ley Educativa.

Ambas aprobadas con mayoría absoluta de votos. Ambas vetadas por el Partido Popular en sede parlamentaria, que incluso ha recurrido la última ante el Tribunal Constitucional.

Vamos a la huelga porque el Gobierno de Rajoy ningunea al Parlamento que representa la soberanía popular.

Desde el punto de vista pedagógico, la LOMCE ha supuesto en algunos aspectos una regresión a épocas pre-constitucionales. Después de varias décadas apuntalando la idea de que lo importante es el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación continua, etc., ahora el objetivo del estudiantado pasa por aprobar reválidas. ¿Programamos para educar o para superar una prueba?

Aunque parece que el Gobierno ha congelado la aplicación de las reválidas, otras medidas dramáticas para el futuro de nuestras chicas y chicos están en pleno funcionamiento. Algunas de ellas, enmarcadas como medidas de atención a la diversidad (PROMECO, PMAR, itinerarios en 4º de la ESO o la Formación Profesional Básica), se convierten en la práctica, sin recursos ni voluntad política ni pedagógica, en auténticos programas de segregación del alumnado, alcantarillas del sistema educativo. Estamos ante la primera Ley Educativa que puede expedir un título de la ESO que impida el acceso a Bachillerato.

Vamos a la huelga porque no queremos segregar al alumnado desde los doce años. La ESO debe ser una etapa formativa, no un filtro reproductor de clases sociales.

España, que invierte tan sólo el 4,31% de su PIB en Educación, queda relegada a la cola en inversión educativa frente al 5,25 que destina de media la Unión Europea o el 5,6 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Canarias, para variar, le dedica apenas un 3,56.

La financiación de nuestros centros educativos decide cuestiones tan importantes como la ratio de las aulas o los recursos humanos y materiales que a ellas se destinan, que en Canarias se traducen, por ejemplo, en unos 12,5 alumnos por docente frente al 11,5 de la media estatal, contando a todo el personal educativo, incluido aquel que no tiene contacto directo con el aula.

Estos datos arrojan una luz definitiva sobre la relación que existe entre lo económico, lo educativo y lo social. En Canarias, seis de cada diez adolescentes, cumplidos los 15 años, no están matriculados en el curso que les corresponde por edad, menos de seis puntos porcentuales que la media estatal (57,4% frente a un 63,6).

Vamos a la huelga porque los recortes en Educación condenan a nuestros alumnos al fracaso escolar y a la limitación de oportunidades en su vida adulta.

Vamos a la huelga porque, en definitiva, nuestro compromiso hacia el alumnado y esta sociedad vale infinitamente más que el descuento del salario de un día.

  

Fuentes:

Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e indicadores. MECD.

Crisis económica y financiación educativa: Evolución de la Inversión (2009 – 2013), Juan B. Martínez. Editado por CC.OO.

Pincha aquí para descargar el documento en pdf.